Organizaciones solicitan la ampliación del ejido de comunidades chaqueñas

Actualizado: jul 17

Desde Junta Unida de Misiones y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (en adelante JUM y APDH) solicitan la adhesión a la siguiente nota, a la que ya se sumó Fundación Hora de Obrar, enviada a la cámara de Diputados de la Provincia de Chaco. La misma va en apoyo a la Comunidad Qom-Wichi de la localidad de Miraflores, las cuales solicitan una ley de ampliación del ejido municipal de dicha localidad fuera del territorio que ellos reivindican.



foto por Anred


• Breve reseña histórica: Se refieren al territorio de las 10.000 has, lotes 1 al 100, según el acuerdo aceptados por ellos a propuesta del gobierno nacional en el 1930. Este acuerdo fue asumido por la comunidad Qom que ocupaba el territorio, PAXA ANGUI, donde hoy este ubicado Juan José Castelli creado como ejido urbano de la colonia de inmigrantes en el depto. Gral. Güemes. En cambio, ellos nunca pudieron hacer efectiva la ocupación del territorio de las 10.000, especialmente a partir de la provincialización de Chaco dada en el año 1951, porque los constituyentes no reconocen los acuerdos preexistentes entre Nación y pueblos indígenas, por lo tanto, los territorios pasan a la categoría de tierra fiscal para el mercado. A la fecha no se ha recuperado el documento de posesión entregado por el gobierno. En el año 1979 el gobierno de facto de Chaco decreta para los indígenas una reserva de 3.500 has, pero en el año 1992 Diputados crea el ejido municipal Miraflores sobre 4 lotes incluidos como reservas.

Somos testigos desde 1963 como acompañantes de esta comunidad indígena que nunca han dejado de señalar dichos atropellos por avance de la colonización.


• Actualidad: En estos últimos 3 años las comunidades ante una política de estado negadora de los derechos más allá de las diferentes gestiones deciden reivindicar la totalidad de los 100 lotes haciendo ocupación de lotes usurpados en calidad de privatizados o simples ocupantes.

Esta iniciativa de fuerte impacto y de hechos violentos contra la comunidad obliga al gobierno provincial a crear la mesa de interpoderes que inicia una serie de reuniones con la comunidad en búsqueda de encontrar alguna solución. En las mismas hemos expresado nuestro apoyo a la comunidad indígena sobre la base de la memoria histórica, la documentación a la que hemos accedido y sobre el aporte de los/as abogados y los fallos del poder judicial que reconocen el derecho de los mismos.


El racismo que impregna las relaciones desde la ciudadanía gringa y criolla, también atizado por los medios de comunicación local y provincial, se evidencia en las políticas del estado, y ha exteriorizado hechos de violencia a miembros de la comunidad


Desde la gestión anterior del gobierno provincial, se reconoce públicamente el derecho indígena a las 10.000 y la necesidad de ampliar el ejido municipal fuera de esos límites. Es fundamental aprobar esta ley para evidenciar que ese reconocimiento está verdaderamente aceptado y que el Gobierno busca hacer justicia con los indígenas y define la situación de los no-indígenas que hoy habitan dentro del territorio que las suponemos en unas 5.000 personas.


Desde el año 1963 JUM está acompañando a la comunidad en la reivindicación de la mayoría de sus derechos y en estos últimos 2 la apdh se hace presente en el territorio en un proceso coordinado por comunidad-apdh-jum con la participación de varios abogados/as intérpretes del ddhhpi. Este documento de apoyo al pedido de la Comision de Recuperación Territorial de ampliación señala posibles lotes anexos a las 10.000 e incluyen lo que ellos pretenden para la comunidad dentro del ejido.


POR TODO LO COMPARTIDO, SOLICITAMOS QUE ENVIEN LAS ADHESIONES A LA PROPUESTA A LA DIRECCION DE EMAIL APDHCHACO@GMAIL.COM, A LOS FINES DE INCLUIR CADA ORGANIZACIÓN Y/O LAS INSTITUCIONES EN LA NOMINA EN LA CARTA A PRESENTARSE EN LA CAMARA DE LEGISLADORES. Gracias a todes!


Esta es la carta que le presentó a los legisladores chaqueños:

SOLICITAMOS URGENTE APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL DE MIRAFLORES (LACHIUGUE).


Las organizaciones abajo firmantes, por intermedio de la presente petición pública, solicitamos la urgente aprobación de la ampliación del ejido municipal de Miraflores. Ante el pedido conjunto de las comunidades indígenas, autoridades municipales y ciudadanía en general, consideramos que es indispensable en contexto de pandemia COVID19, avanzar urgente en la aprobación legislativa y poder lograr un avance sustancial de la planificación urbana y territorial de la localidad de Miraflores (Lachiugue). Y lograr garantizar el derecho al territorio, el desarrollo urbano y mejores posibilidades de efectivizar el derecho a una vivienda digna para los sectores más vulnerables.


A continuación, para mayor comprensión de la urgente necesidad de políticas de estado, exponemos una breve reseña de la situación en conflicto:


LOS HECHOS.

En el año 1930, los Caciques Soria, Leiva y Alegre aceptaron la propuesta de la Gobierno nacional consistente en desocupar PAXA ANGUI (Territorio donde se asentaban) con el objetivo de fundar en ese mismo lugar, la colonia de inmigrantes de J. J. Castelli. Como resultado de este acuerdo, se le otorgaron los 100 primeros lotes de la nueva Colonia La Florida. Es decir, se le reconocieron 10.000 ha de un total de 68.000 ha pertenecientes a la nueva colonia. La constante vulneración de ese derecho territorial, generó la situación en el año 1979, que desde el gobierno provincial tan solo se reconociera una superficie de 3.500ha a favor de las comunidades indígenas mediante el DECRETO 1051/79. Existía una ocupación progresiva e ilegal de su territorio que no respetaba sus prácticas culturales y la posesión del territorio.


En 1994 se creó el pueblo de Miraflores sobre 300 has. en tierras indígenas. En 2002 el Instituto de Colonización vendió, en forma irregular, varias hectáreas a funcionarios y particulares nacionales y extranjeros. La Comisión de Tierras de Miraflores, integrada por familias Qom y Wichí lleva adelante una estrategia en reclamo de las 10.000 ha. , en el marco de la reparación histórica del derecho a la propiedad indígena.


En el año 2012, a pedido del ejecutivo provincial, se elaboró un Informe por parte de funcionarios provinciales de Desarrollo Social (Prof. Carlos Benedetto) y del Instituto de Colonización a los fines de diagramar una propuesta de solución para la ampliación del ejido municipal de Miraflores y garantizar el territorio indígena. En este se señalaba la existencia de 5 lotes (al sur de la localidad) donde podía extenderse el ejido municipal de la localidad de Miraflores fuera de las 10.000 ha sin inconvenientes. La propuesta nunca fue ejecutada, se encuentra disponible, pero tampoco se justificó las razones de su falta de implementación. Teniendo presente que hasta la fecha, es la única propuesta realizada para garantizar un avance en la solución del conflicto y el reclamo territorial.


ESTRATEGIA JUDICIAL.


En 2012 el poblador indígena de unos de los lotes denunció penalmente por usurpación a un particular en la Circunscripción Judicial VI en J.J. Castelli. El Juez de Paz de Miraflores certificó un contrato de compraventa de este lote, así que quedó involucrado en el conflicto como codemandado. Ante la falta de Investigación penal por la denuncia de usurpación, se impulsó una acción de amparo en el Juzgado del Menor de edad y la Familia de Castelli. Todo esto último, con el acompañamiento de Organizaciones Civiles como la JUM (Junta Unida de Misiones), que brindaron los soportes de asesoramiento legal y asistencia letrada gratuita en defensa de los derechos de los pueblos indígenas afectados.


La jueza interviniente, convocó a la comunidad Qom a una audiencia de “consulta libre e informada”, y admitió como Amicus Curiae a diferentes organismos nacionales de derechos humanos como la APDH (Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos).-

La jueza dictó la restitución de la propiedad y le impuso al juez la obligación de cumplir estrictamente con el convenio 169 de la OIT. El juez de Paz (codemandado) y el estado provincial apelaron la sentencia. La Cámara de Apelaciones de Presidencia Roque Sáenz Peña entendió que había que confirmar el fallo de la Jueza de J. J. Castelli.


En el mes de junio de 2014, se dictó una sentencia desde la sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia determinando la restitución del lote a la comunidad indígena (Lote 88).


Finalizadas las instancias recursivas judiciales, se realizaron audiencias de monitoreo de sentencia, a los fines de que el estado provincial cumpla con la sentencia dictada por la jueza de primera instancia pero hasta la fecha no existieron planes de ejecución formalmente presentados en instancias judiciales.


En el año 2016, se genera una recuperación territorial producto de los reclamos territoriales de las comunidades que se extiende a diversos lotes dentro de las 10.000hs. Se ejerce la ocupación efectiva y la recuperación de territorio ancestral, donde inclusive existen cementerios indígenas. Cabe resaltar, que entre estos lotes se encuentran lotes urbanos y rurales, de los cuales el fallo judicial del lote 88, asienta un precedente favorable para las comunidades indígenas.


ESTRATEGIA POLÍTICA Y DE GESTIÓN ENTRE PARTES.


Posteriormente, se comienza a conformar una mesa interministerial provincial, a los fines de poder acercar a las partes y escuchar el reclamo de las comunidades indígenas. Actualmente sigue en proceso de lograr acuerdos y efectivizar el reclamo comunitario como estrategia para resolver el reclamo territorial.


Por otro lado, las comunidades indígenas crean el Consejo de recuperación territorial en Miraflores y se realizan relevamientos sobre el estado de los lotes ocupados por parte de la APDH y JUM que se registra sistemáticamente en un informe de trabajo en agosto de 2018.

Como consecuencia de esta situación, en el ámbito judicial surgen tres presentaciones posteriores al fallo del lote 88. Una medida cautelar de no innovar en el lote 88, ante la realización de actos sin autorización de la familia Leiva por organismos estatales, una denuncia penal a pobladores que realizaron actos de violencia contra las comunidades, y finalmente una demanda o acción de escrituración del lote 88.


Hasta la fecha, producto de los trabajos realizados en el marco de la mesa interpoderes, la comunidad indígena ha solicitado de manera consensuada con los reclamos locales y municipales, la necesidad imperiosa de ampliar el ejido municipal. Medida de gobierno prioritaria para demostrar el compromiso estatal provincial de resolver y disminuir la situación de conflicto.

FIRMAS:

APDH CHACO

JUM (JUNTA UNIDA DE MISIONES)

Fundación Hora de Obrar

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