¿Qué hace la ONU para para promover y proteger nuestras organizaciones sociales y activistas?

La participación en los foros de la ONU es posible pero sin resultados políticos y sociales concretos, existe a los efectos meramente formales. La ONU necesita impulsar una transformación de los vínculos orgánicos con los Estados fundantes, desde la sociedad civil, para recuperar la función política y social con fines concretos de cambio social democrático y participativo.


Nos invitaron a sumar nuestro aporte al foro de la ONU sobre participación, promoción y protección de la sociedad civil. La consulta se dirige a organizaciones sociales de todo el mundo con la intención de mejorar la gestión de las Naciones Unidas como organismo multilateral.

En Fundación Hora de Obrar nos vinculamos con diversos órganos de la ONU y las personas relatoras mediante la autogestión a mesas de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, regional e internacional. Nos convoca la defensa de los derechos humanos, especialmente, los de la niñez y juventud, de las mujeres y diversidades, de los pueblos originarios y del medio ambiente. También participamos de la Red Argentina de Pacto Global y de la Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030 (PAMPA 2030).


La participación en los foros de la ONU es posible a través de estos canales pero no redunda en resultados políticos y sociales concretos. Sin embargo las observaciones de la ONU a los Estados son de carácter exhortativo y no vinculante. ¿De qué sirven las observaciones y recomendaciones a los gobiernos si una vez recibidas, no hay un seguimiento, no hay denuncias públicas de los problemas tratados, no hay un acompañamiento del trabajo de las organizaciones sostenido en el tiempo, comprometido y realista? La participación es sostenida por diferentes organizaciones sociales pero sin efectos políticos y existe a los efectos meramente formales.


La democracia como forma de gobierno, los derechos humanos como garantía de vida digna y un ambiente saludable, y el Estado de derecho como sistema político son tres aspectos que en la actualidad están cuestionados por gobiernos conservadores porque entran en conflicto con los proyectos de desarrollo económico y financiero de los sectores concentrados nacionales e internacionales. Es necesario poner en evidencia el costo político, económico, social, ecológico y humano del modelo de desarrollo dominante en el mundo, en sus distintas expresiones en los distintos países que integran la ONU. Es necesario que la ONU promueva un cambio de paradigma global.


La ONU tiene enormes limitaciones como organismo multilateral para intervenir frente a la injerencia política permanente (lobby) y la violación sistemática de las regulaciones nacionales, provinciales y municipales por parte de empresas transnacionales.

El genocidio y el ecocidio en curso en América Latina y el Caribe tienen causas económicas explícitas que involucran a los poderes económicos y financieros de los países centrales. Resulta inadmisible que estas empresas reproduzcan el mismo modus operandi en cada país donde operan sin un registro de sus acciones a nivel internacional que esté disponible públicamente. Las personas responsables de las tomas de decisión en estas empresas no suelen ser denunciadas públicamente y de este modo están siendo protegidas. No es posible sostener la paz en un mundo que se sostiene con un modelo de desarrollo basado en la injusticia.


Por otro lado no tenemos conocimiento de las acciones efectivas de la ONU para proteger los actores y las actrices sociales. La represión, tortura, encarcelamiento y asesinato de líderes y lideresas sociales en América Latina y el Caribe no da cuenta de exista un mecanismo de protección eficaz y eficiente, ni del interés real de la ONU por proteger la vida de estas personas.

El mayor desafío para la ONU es superar la connivencia de intereses con los grupos económicos que garantizan a los países centrales el producto bruto interno necesario y, por ende, la participación privilegiada, tanto en el financiamiento como en la toma de decisiones de este organismo. Esta relación privilegiada reproduce lógicas colonialistas de desigualdad en la relación de la ONU con las organizaciones de los países periféricos. La ONU necesita impulsar una transformación de los vínculos orgánicos con los Estados fundantes desde la sociedad civil para recuperar la función política y social con fines concretos de cambio social democrático y participativo, al menos en aquellos países que han adoptado este sistema de gobierno.

Creemos que el camino para mejorar la circulación de información y el vínculo con la ONU es que se involucre directamente con las problemáticas sociales de cada país y con las organizaciones que la interpelan.


La ONU, en articulación con organizaciones locales, puede monitorear, controlar, denunciar y sancionar y visibilizar los intereses económicos en juego cuando se violan los derechos humanos. Puede ayudar a acortar la distancia permanente entre los informes de los estados y los de las organizaciones sociales. Puede tener mayor participación como observadora en territorio, tomar parte en las movilizaciones y acompañar las demandas sociales. Puede informarse sobre la naturaleza de los conflictos, fortalecer la participación social y visibilizar a nivel internacional las injusticias sociales.