En un contexto de pandemia en el que las barreras de acceso a la salud, ya existentes, se sienten aún más grandes nos sumamos a llamar la atención sobre la necesidad de una salud integral con perspectiva de género.
Como organización basada en la fe impulsamos el trabajo en prevención y fortalecimiento del acceso a la salud porque es un derecho humano básico. Entendemos que esto significa que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos tales como: el acceso a información veraz y métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no intencionales, a la continuidad de los tratamientos de las personas con VIH y SIDA y que también se cumpla con el acceso a la interrupción de los embarazos, que ya están garantizados por ley.
Vemos el agotamiento que sufren las mujeres por la sobrecarga de tareas de cuidado y entendemos que salud integral implica también una dimensión mental, emocional y espiritual que son esenciales para el bienestar y que en muchas de las comunidades acompañan pastores y pastoras. Vemos con preocupación cómo en las comunidades indígenas están avanzando los contagios de covid producto de los obstáculos históricos: culturales, legales y económicas, sociales. Salud integral también significa que las personas puedan acceder a los elementos de higiene para cuidarse del COVID y otras enfermedades, pero que sin agua corriente, sin condiciones habitacionales dignas, de poco van a servir.
Por eso hoy nos hacemos presentes exigiendo nada más y nada menos que se garanticen derechos fundamentales para la vida y buena salud de las mujeres.
Por la vida plena y en abundancia, por la igualdad y la justicia como derecho antes que como privilegio.
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