Mientras el gobierno nacional desmantela las políticas públicas en salud y derechos sexuales y reproductivos, en comunidades indígenas de Misiones se agudizan las barreras estructurales. Equipos territoriales buscan nuevas estrategias para acompañar.
Desde el comienzo de la actual gestión nacional, a fines de 2023, los métodos anticonceptivos seguros y de prevención de infecciones de transmisión sexual escasean en Ruiz de Montoya, Misiones, una región donde habita alrededor del 10% de la población indígena de la provincia.
Con el argumento de reducir el gasto público, el gobierno del presidente Javier Milei desfinanció y desmanteló muy rápidamente toda una serie de políticas de promoción de la salud, educación y protección social. Entre ellas es conocida la arremetida contra la agenda de género y derechos sexuales y reproductivos. Ejemplos claros son la virtual destrucción del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), creado en 2017, y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, de 2002, y las narrativas en contra de la Ley de Educación Sexual Integral, de 2006.
Según reveló un informe, el gasto en salud sexual y (no) reproductiva de la Nación es el más bajo de los últimos 9 años. Al mes de noviembre de 2024, el Ministerio de Salud sólo había ejecutado el 15% del presupuesto vigente para Prevención del Embarazo Adolescente y el 25% del total del programa de Salud Sexual y Reproductiva. Esto explica la caída del 64% en la distribución de preservativos y anticonceptivos y medicamentos para la interrupción legal o voluntaria del embarazo entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024.
¿Quiénes son las más afectadas? Las más vulneradas de siempre: mujeres y niñas pobres, indígenas. Comunidades históricamente excluidas, a pesar de que Argentina cuenta con un marco normativo avanzado en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como en la prevención y protección de las violencias contra las mujeres. En los territorios, estas normas frecuentemente son letra muerta. Las barreras son múltiples: geográficas, culturales, lingüísticas, institucionales. Las posibilidades de construir proyectos de vida autónomos se desdibujan.
¿Cómo seguir promoviendo derechos si esos derechos no existen en la práctica?
“El desafío ahora es repensar el abordaje”, sostiene el equipo de Hora de Obrar en Ruiz de Montoya.
Los equipos de salud, docentes y trabajadores sociales, la gran mayoría de ellos trabajadores del estado municipal y provincial, sostienen, como lo han hecho siempre, el trabajo territorial desde una perspectiva integral e intercultural con comunidades mbya. La tarea es doble: resistir y crear nuevas formas de acompañar. Transformar las estrategias junto con las comunidades, escuchar, estar presentes, generar espacios de confianza, usar el arte, la palabra, el cuerpo. La educación sexual integral sigue siendo una herramienta fundamental, aún en la escasez.
A pesar del discurso oficial, la sociedad argentina no ha renunciado a estos derechos. Según una encuesta reciente, cerca del 70% de la población argentina considera que el Estado debe involucrarse activamente e invertir mucho en brindar asistencia integral a víctimas de violencia de género, facilitar información, acceso a métodos de prevención de embarazos e ITS y garantizar la educación sexual integral.
Aún en la emergencia, sembrar la posibilidad. Porque sin derechos no hay democracia, y sin justicia sexual y reproductiva no hay espacio para el desarrollo pleno de una vida digna para las personas.