Apertura de sesiones: es urgente que el Congreso rechace el DNU 70/2023

En el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, organizaciones de la sociedad civil reiteramos nuestro pedido de tratamiento y rechazo del decreto “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.

En el inicio de las sesiones ordinarias, recordamos que el Congreso tiene el deber de rechazar este decreto y todos aquellos que en el futuro excedan los límites constitucionales, ejerciendo su rol dentro del sistema de frenos y contrapesos, así como de garantizar un debate parlamentario de calidad que asegure una participación ciudadana robusta. 

El Poder Ejecutivo tiene prohibido legislar. Si bien nuestra Constitución Nacional lo habilita a dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU), solo le permite hacerlo cuando existan circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. 

El Decreto 70/2023 no cumple los requisitos constitucionales para su validez. No surgen de sus fundamentos argumentos suficientes que den cuenta de las circunstancias de fuerza mayor que impiden a las cámaras del Congreso debatir cada una de las reformas comprendidas en él, y tampoco se explica adecuadamente la relación de causalidad existente entre los problemas identificados y las medidas que se disponen.

Lejos de entender la naturaleza excepcional de los DNU, el Decreto 70/2023 efectúa una reforma legislativa masiva y sistémica. Dada su magnitud y trascendencia, los cambios normativos incluidos en él sólo pueden ser discutidos por el Congreso, que es donde están representadas todas las fuerzas políticas, incluidas las minoritarias. Adicionalmente, es el debate legislativo el que proporciona oportunidades para la participación ciudadana, esencial para el fortalecimiento del sistema democrático. 

Es justamente para evitar excesos en el uso de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia que nuestra Constitución diseñó un proceso de control legislativo posterior mediante el cual se debe determinar su validez o invalidez atendiendo a la adecuación de estos a los requisitos formales y sustanciales establecidos por ella.

Resulta esencial destacar que el Decreto 70/2023 ya se encuentra vigente, proyectándose sobre aspectos sustantivos de nuestra vida en comunidad, al abordar cuestiones vinculadas a la salud, a la vivienda, a las relaciones laborales, a los contratos, a la economía y a las finanzas, entre otras. Dichas modificaciones suponen una afectación a derechos individuales y colectivos de millones de personas, muchas de las cuales ya se encuentran ante la Justicia reclamando su suspensión e inaplicabilidad para sí mismas o para los colectivos que representan.

Hoy el Poder Legislativo está en falta. Por eso, volvemos a solicitarle que defienda el Estado de derecho y honre la división de poderes. 

Organizaciones: 

  1. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 
  2. Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)
  3. ANDHES 
  4. Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
  5. Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) 
  6. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
  7. Consciente Colectivo 
  8. Comisión Argentina para Personas Migrantes y Refugiadas (CAREF) 
  9. Democracia en Red 
  10. Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) 
  11. Fundación SES 
  12. Fundación Protestante Hora de Obrar
  13. Fundación Mujeres x Mujeres 
  14. Fundación Igualdad 
  15. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 
  16. Fundeps 
  17. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) 
  18. Jóvenes por el Clima 
  19. Red argentina de abogacía comunitaria (RAAC)
  20. Xumek 

Accedé al comunicado completo:

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Inversión para las mujeres: la agenda de las organizaciones de fe en la 68 CSW

La Alianza ACT y la Federación Luterana Mundial aportaron una declaración a los Estados miembro de Naciones Unidas de cara a la Conferencia del Estatus Jurídico de la Mujer. Allí se definen los estándares globales para alcanzar la igualdad de género y Hora de Obrar estará presente.

Imagen: ONU Mujeres

Qué es la CSW

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) es el principal órgano intergubernamental de la ONU para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Cada año, la CSW documenta la realidad que viven las mujeres en todo el mundo y se acuerdan estándares para lograr la igualdad de género. Durante las sesiones participan los Estados miembro de la ONU, organizaciones de la sociedad civil (entre ellas organizaciones basadas en la fe acreditadas, como ACT Alianza*y entidades de Naciones Unidas.

El tema prioritario de 2024 es “Acelerar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas abordando la pobreza y fortaleciendo las instituciones y la financiación con perspectiva de género”.

Por qué y para qué participa ACT (y la Fundación Hora de Obrar) en la CSW

ACT participa de la CSW para facilitar la participación de actores religiosos en negociaciones con una perspectiva basada en fe y derechos y conectar el ámbito local con el global. 

Así busca influir en las organizaciones responsables (estatales y religiosas) para acelerar el empoderamiento de mujeres y niñas y el financiamiento con perspectiva de género, señalando éxitos y desafíos. 

Esta agenda busca fortalecer alianzas entre actores religiosos y seculares, promover una mirada donde religión e igualdad de género son compatibles y contrarrestar los retrocesos en materia de justicia de género.

Por su parte, Hora de Obrar, como miembro de la Alianza participa de la comunidad de práctica para la justicia de género de América latina y el Caribe en estrecha colaboración con el Programa Global de Género de ACT. Es por eso que integrará la delegación sumamente diversa junto a personas de iglesias y organizaciones de fe de otros continentes.

Qué piden las organizaciones de fe a los Estados

ACT, la FLM y otras iglesias y organizaciones de fe llaman a los Estados a que “transformen los modelos económicos, refuercen los marcos políticos y amplíen la financiación para la igualdad de género”. 

También asumen la responsabilidad de “establecer y modelos justos, y cambiar las narrativas y las normas” en las comunidades religiosas, dado que “reconocemos que los discursos religiosos se han utilizado para justificar las desigualdades de género y la violencia económica, y para promover sistemas patriarcales y normas de género.”

Por último la declaración cierra con recomendaciones a los Estados, entre ellas:

  • diversificar y ampliar el financiamiento, que sea a largo plazo, flexible y liderado localmente
  • integrar explícitamente el abordaje de las desigualdades de género en el financiamiento para el desarrollo sostenible, y
  • promover políticas que aborden normas discriminatorias y estereotipos de género.

El posicionamiento original es público en este enlace (inglés)

*ACT Alianza es una red global de más de 130 iglesias y organizaciones basadas en la fe que trabajan juntas en más de 120 países para crear cambios positivos y sostenibles en la vida de las personas pobres y marginadas, independientemente de su religión, política, género, orientación sexual, raza o nacionalidad.

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Corte Suprema de Justicia: Organizaciones sociales solicitan sea declarado inconstitucional el DNU 70/2023

En el marco de la conformación de la Comisión Bicameral para el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, organizaciones sociales de Argentina presentaron una carta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando sea declarado inconstitucional.

Lejos de atender la naturaleza de la herramienta, el DNU 70/2023 pretende constituirse en un medio para efectuar una reforma legislativa masiva y sistemática sin intervención del Poder Legislativo. Por su magnitud y trascendencia, los cambios normativos propuestos sólo pueden ser discutidos por el Congreso, en donde se hallan representadas todas las fuerzas políticas, incluidas las minoritarias, y donde se brinda el espacio para la participación ciudadana.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad institucional de velar por la vigencia de la Constitución Nacional y, en particular, de defender las facultades propias de cada uno de los poderes establecidos por nuestra Constitución para el adecuado funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos.

A continuación se adjunta la carta completa con las firmas de las diferentes organizaciones que se suman a la solicitada.

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En defensa de la paz: La FAIE contra la violencia institucional

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas presentó una carta abierta a la ministra de seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, solicitando “urgentemente el cese” de la aplicación del «Protocolo de Seguridad».
Un hombre se protege del gas pimienta durante las manifestaciones contra la llamada «Ley Ómnibus». Foto: Télam

Tras la asunción del presidente Javier Milei el pasado 10 de diciembre de 2023 y la puesta en marcha de un plan económico de ajuste, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó un “protocolo antipiquetes” para impedir el corte de calles a través de una actuación policial y estatal contrarias al derecho a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y de protesta social reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. 

En consecuencia ya hubo uso desmedido de la fuerza con palos, balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes y también contra la prensa, y detenciones por ejercer pacíficamente el derecho a la protesta.

En este contexto la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) solicitó, “urgentemente” el cese de la aplicación del protocolo en una carta abierta dirigida a la ministra Bullrich, publicada el pasado 3 de febrero. La entidad subrayó que el Ministerio de Seguridad debe garantizar la seguridad e integridad de todas las personas, incluyendo “el derecho constitucional a la protesta, el cual no debe ser objeto de represión ni criminalización.”

La Federación denunció la presencia excesiva de fuerzas federales, los mecanismos de disuasión, y el uso inapropiado de gases y balas de goma que han dejado a personas detenidas con lesiones, y destacó que esto “promueve y establece una dinámica represiva generadora de un clima de violencia impropio para un Estado de derecho”.

La FAIE hizo un llamado urgente a los partidos políticos, autoridades y la comunidad en general para respetar los derechos vulnerados, promover la convivencia democrática y evitar la represión y resaltó la importancia de debatir en términos institucionales adecuados, sin recurrir a la violencia.

 Carta Abierta a Ministra de Seguridad.pdf

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) es presidida por el pastor Leonardo Schindler de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), iglesia fundadora de la Fundación Protestante Hora de Obrar.

La entidad reúne a las iglesias protestantes históricas: Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU), Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata (IEVRP), Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), Iglesias Reformadas en Argentinas (IRA), Iglesia Discípulos de Cristo (IDC), Ejército de Salvación, Asociación La Iglesia de Dios (ALIDD), Iglesia Cristiana Bíblica (ICB), Iglesia Evangélica Menonita de Trenque Lauquen, Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, Iglesia Evangélica Unida, Iglesia Evangélica Anabautista Menonita de Buenos Aires, Iglesia Presbiteriana de San Andres (IPSA), Centro Cristiano Nueva Vida (CCNV), Iglesia Pentecostal “Fuentes De Salvación”, Iglesia Evangélica Bautista De Constitución, Iglesia Cristiana Evangélica Mensaje De Salvación y el Centro Familiar Cristiano.

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Organizaciones Sociales lanzan un enfático mensaje: La democracia se cuida dentro y fuera del Congreso

Las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.

El operativo policial desplegado frente al Congreso, mientras este sesionaba, fue violento y desmesurado, por fuera de la normativa vigente de actuación ante manifestaciones. Fue organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un despliegue desmedido de distintas fuerzas que causaron heridas por balas de goma, gases irritantes con una capacidad de daño sin precedentes y golpes de tonfas. En una regresión histórica, hubo policías con armas de fuego, algo que se había evitado en todos los gobiernos hace más de 20 años. La policía intimidó a personas mayores, dejó una treintena de periodistas con heridas de diversa gravedad, atacó a defensores y defensoras de derechos humanos y a manifestantes de distintos sectores políticos. Amedrentando la libertad de expresión y de manifestación, avanzó en las calles, en las veredas y en la plaza.

Dentro del Congreso, se transgrede el reglamento: transcurren las jornadas de debate sobre un dictamen que no se conoce, que se está escribiendo por fuera de las comisiones a medida que avanzan las sesiones. Estas irregularidades, de cara a la sociedad, deterioran la institucionalidad. Además, tal como están expresadas en el proyecto de ley, las facultades delegadas que solicita el Poder Ejecutivo podrían impactar en una parálisis legislativa y en márgenes ampliados de arbitrariedad dada la forma vaga, general e inasible en la que están expresadas.

Las condiciones democráticas del debate y la convivencia están hoy profundamente tensionadas y enrarecidas. Mientras las y los legisladores debaten en tiempo récord el destino del país y sus recursos económicos y naturales, las y los más altos funcionarios publican mensajes que festejan y alientan la violencia policial y de grupos particulares.

Convocamos a los partidos políticos, a todas las autoridades con responsabilidades públicas y a los distintos sectores de la comunidad a hacer un llamamiento urgente por el respeto de los derechos que están siendo vulnerados, por una convivencia democrática, en términos institucionales adecuados y sin represión.

Organizaciones firmantes:

Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)
ELA (Equipo argentino de justicia y género)
Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables)
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
Fundación Protestante Hora de Obrar
Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos Xumek
Fundación SES
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
CAREF – Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes
Consciente Colectivo
Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC)
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)


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«Ley ómnibus»: Rechazo enfático de las organizaciones sociales ante el desguace de normas ambientales

Hora de Obrar junto a más de 100 organizaciones de la sociedad civil calificaron de «inaceptables» las modificaciones a las leyes ambientales que propone el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida y que implican un retroceso.
Distintas organizaciones sociales, ambientales y políticas, en una protesta frente al Congreso nacional, en 2022. Creditos: Ámbito.

Un centenar de organizaciones enviaron una carta a diputados «para expresar nuevamente nuestro rechazo a cualquier modificación realizada a las leyes de presupuestos mínimos 26.331 de protección ambiental de bosques nativos; 26.639 de protección de glaciares y ambiente periglaciar y 26.562 de protección ambiental para controlar las actividades de quema; a la ley 24.922 que establece el Régimen Federal de Pesca; y a la asignación de derechos de a emisión de gases de efecto invernadero (GEl) que el Poder Ejecutivo Nacional propone para el tratamiento legislativo en el marco del proyecto de ley ‘Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos'»

Las organizaciones firmantes remarcaron también que «el ‘listado de cambios’ que propondría y ha hecho circular el Poder Ejecutivo Nacional sigue manteniendo modificaciones inaceptables en las leyes de bosques, quema y pesca y, en el caso de la ley de glaciares, incluso, propone nuevos cambios» y declararon que «estas propuestas desguazan el funcionamiento estructural de las normas, por lo que, de ser sancionadas harán retroceder al pais en materia de protección ambiental.»

Concluyeron con un pedido enfático de «exclusión completa» de la normativas que afectarían gravemente derecho a un ambiente sano.

Aquí se puede leer la nota completa:

Ley de Bosques (2007)

Según informa Eldiario.ar desde la sanción de la Ley de Bosques la deforestación bajó un 40% comparado a la década anterior.

Esta norma protege el 80% de los bosques del país y territorios indígenas, donde se prohíbe desmontar (Categorías rojo y amarillo), y en otras zonas exige el estudio de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte.

Las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus permitirán que los gobiernos provinciales autoricen desmontes donde hoy está prohibido y desfinancia la ley, lo que repercutirá seriamente en los controles al desmonte ilegal y los incendios forestales, y en el fomento de actividades sustentables en los bosques. Tambien se eliminarán mecanismos de acceso a información cruciales para proteger el ambiente desde la sociedad civil.

Ley de Glaciares (2010)

La Ley Nacional de Glaciares define a los glaciares como bienes de carácter público y busca preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger también su biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y potencial turístico.

La Ley Ómnibus habilita la actividad económica en la zona periglaciar, como la minera y petrolera.

La Ley Ómnibus también desregula peligrosamente la quema habilitando el mecanismo para desmontar sin controles.

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Hora de Obrar y SEDi lanzaron sus políticas de género en un emotivo evento de celebración y reflexión

La Fundación Protestante Hora de Obrar y el Servicio Evangélico de Diaconía marcaron un hito significativo en su compromiso con la justicia de género con el lanzamiento de sus nuevas políticas. La crónica del evento que ya se puede ver por YouTube.

El 4 de diciembre de 2023, en la parroquia Belgrano de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Fundación Hora de Obrar y el Servicio Evangélico de Diaconía (SEDi) celebraron el lanzamiento de sus respectivas políticas para la justicia de género. El evento reunió a 50 personas, entre ellas, los equipos de trabajo y consejos directivos de ambas instituciones, referentes de espacios diacónicos, representantes de las organizaciones y miembros y autoridades de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y la Iglesia Evangélica Luterana Unida.

De la mano de Pilar Cancelo y Nicolás Rosenthal  se presentó el marco que ya está vigente para ambas organizaciones. 

El poder de ver y reconocer para transformar

Mariana Malgay, coordinadora del área de comunicación de Hora de Obrar, abrió el evento destacando la importancia de este acontecimiento en el marco de los 16 días de activismo para la erradicación de las violencias basadas en género. Luego, las personas presentes fueron guiadas a través de un devocional de apertura, dirigido por la pastora Paula Fogel (IERP) y el pastor Paulo Siebra (IELU).

El devocional se inspiró en el encuentro de Jesús con la mujer encorvada, utilizando la metáfora de reconocer el dolor y sanar para propiciar la igualdad. La canción «Creo» de Eruca Sativa, interpretada por Melisa Fisher, sirvió como hilo conductor, creando un momento emotivo y reflexivo acompañado también por la joven ierpina Angie Stähli.

En el cierre del devocional los directores de Hora de Obrar y SEDi, Nicolás Rosenthal y Pilar Cancelo, junto con la pastora presidente de la IELU, Wilma Rommel, y el pastor presidente de la IERP, Leonardo Schindler, encendieron las cuatro velas de adviento, compartiendo sus deseos por la igualdad de género y la vida plena para todas las personas. Este simbolismo marcó un momento central que conectó la espiritualidad con el compromiso activo por la justicia de género en las instituciones.

Una forma de cuidarnos: las palabras de las presidencias de la IERP y la IELU

Wilma Rommel y Leonardo Schindler participaron en una conversación sobre los fundamentos teológicos de la justicia de género, explorando la conexión entre el compromiso de fe y la implementación de políticas de género en las organizaciones de diaconía de las iglesias.

La pastora resaltó la trascendencia del diálogo como herramienta clave para la transformación de las instituciones. Destacó que “para ser una iglesia, necesitamos oír la polifonía de las voces y la polifonía se construye de diversidad de pensamiento, sin eso no crecemos, no nos enriquecemos”. Asimismo enfatizó: «Creo que a eso estamos llamadas como Iglesias: a transformar. No tener miedo de arriesgarnos para transformarnos, pero transformarnos significa reconocernos débiles, frágiles, y repensarnos entre todas y todos para poder llegar a construir una sociedad en paz».

Por su parte, el pastor Leonardo Schindler agregó: “Una política de género es una forma de cuidarnos y valorarnos, es una forma de aceptarnos y aceptar a los demás y a las demás así como Dios también nos acepta sin hacer ningún tipo de distinción. Muchas veces esta palabra busca ser maltratada diciendo se trata de ideología de género, y se le tira toda una carga despectiva sobre lo que en verdad es algo muy valioso. También el término política viene siendo maltratado, y llenado de contenidos que son erróneos.”

Sonia Skupch, secretaria regional para América Latina y el Caribe y Norteamérica de la Federación Luterana Mundial (FLM), compartió la perspectiva global sobre la relevancia de las políticas de género en las organizaciones basadas en la fe. “Esta política de género busca la equidad entre varones y mujeres, la igualdad de derechos, la protección a los sectores más vulnerables en nuestras sociedades y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en ambas instituciones diacónicas. Hacerla es un acto de valentía, ya que este tipo de decisiones no siempre son bienvenidas en los distintos espacios. Celebro que podamos tener el coraje para seguir trabajando y construyendo un mundo mejor en el cual todos y todas podamos participar y vivir plena y dignamente.”

El camino recorrido por las organizaciones

Pilar Cancelo y Nicolás Rosenthal aportaron sus testimonios destacando por qué es imprescindible que las instituciones tengan sus políticas de género. Pilar, por su parte, ofreció un testimonio personal, enfocándose en la importancia de reconocer la violencia de género como una problemática que atraviesa todos los ámbitos de la vida de las mujeres, incluyendo sus espacios confesionales y laborales. “Si bien muchas veces no es posible evitar que sucedan estas experiencias, no es lo mismo que yo sepa que hay una institucionalidad que me ampara, que me protege, que me acompaña y que me defiende. No es lo mismo que yo tenga que sanar todo eso sola. Por eso creo que las instituciones somos las responsables de tener estos marcos y estas políticas para cuidarnos y para cuidar a las personas, yo lo veo en términos absolutos de responsabilidad institucional, que dejemos de mirar para el otro lado.”

Nicolás Rosenthal agregó que “lo que estamos tratando de hacer con las perspectivas de género es hacer visible esa realidad, hacer visibles las injusticias. La política de género busca aplicar esa perspectiva al interior de nuestras instituciones como una manera de protección, no de persecución, ni discriminación. Es una manera de cuidarnos,y de lograr relaciones iguales al interior de nuestras instituciones, garantizando que no haya ninguna situación de desigualdad por motivo de género, como tampoco debe haberla por motivos de raza o religión.”

El lanzamiento de la política de género de Hora de Obrar y SEDi fue un hito en el largo trayecto que ambas organizaciones recorren, comprometidas por lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria, donde las personas vivan vidas plenas y en armonía con sus entornos. Así, la jornada concluyó con un llamado a la acción, instando a todas las organizaciones de fe a adoptar políticas concretas para avanzar hacia una sociedad justa e inclusiva.

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La eurodiputada correntina, Mónica González, visitó proyectos sociales en Misiones

En su viaje al corazón de la tierra colorada la parlamentaria conoció el proyecto Tape Porã de la Fundación Hora de Obrar, cofinanciado por la Unión Europea, y las actividades que realiza para mejorar la calidad de vida de 16 comunidades mbya guaraní en la región.

Durante su recorrido, Mónica González recorrió la aldea Yvytu Porã en Ruiz de Montoya, donde conversó con la cacique Juanita González  sobre aspectos culturales, las condiciones de vida y el liderazgo de las mujeres: “Conocer a Juanita, conocer a las mujeres empoderadas de las comunidades mbya guaraní, confirma cuán importante es que sigamos apoyando desde la Unión Europea estos proyectos”, destacó la diputada.

Más tarde la recibió el intendente de Ruiz de Montoya, Victor Vogel, junto al equipo de la Fundación Hora de Obrar donde conversaron sobre la importancia del trabajo articulado entre el gobierno local y las organizaciones no gubernamentales, así como la relevancia de los financiadores para llevar adelante proyectos que mejoran la calidad de vida de los pueblos originarios.

Mónica González, de origen argentino y actual parlamentaria por el Partido Socialista Obrero Español (España), elogió el enfoque integral del proyecto en Ruiz de Montoya. Tape Porã, con su énfasis en la producción agroecológica, educación intercultural y acceso a servicios básicos, destaca como un ejemplo de cómo promover los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades mbya guaraní. 

Por su parte la delegación de la Unión Europea en Argentina destacó “la importancia de visibilizar, en la sociedad no indígena, la cultura, derechos y existencia de las comunidades mbya-guaraní desde una perspectiva intercultural y de género y sobretodo comunicar el protagonismo que están teniendo los pueblos originarios en su propio desarrollo cuidando y promocionando su rico patrimonio intelectual, artístico y espiritual.”

La visita de la eurodiputada activista por la diversidad y la cooperación regional e internacional refuerza el compromiso de apoyo a iniciativas que fomentan el desarrollo integral y la autonomía de las comunidades originarias en Argentina, demostrando así la importancia de la cooperación internacional para el fortalecimiento de estas comunidades.

El proyecto Tape Porã es cofinanciado por la Unión Europea y Pan para el Mundo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 16 comunidades indígenas de Misiones. Tapé Pora resultó seleccionado entre más de 370 proyectos presentados en la convocatoria de Derechos Humanos dirigida a organizaciones de la sociedad civil que la Unión Europea lanzó en el 2020 en Argentina.

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Hora de Obrar en la COP28 de Dubái: Avances modestos y deudas persistentes

Por tercer año consecutivo Hora de Obrar participó como observadora de la sociedad civil en la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, integrando las delegaciones de ACT Alianza y la Federación Luterana Mundial. Te acercamos los resultados de esta COP28 que dejó mucho que desear en términos de acción climática real.

Romario Dohmann, responsable del proyecto de reforestación de Hora de Obrar, estuvo presente en la COP28 señaló las contradicciones de las cumbres climáticas como «espacios donde chocan los intereses individuales». Si bien es un espacio importante para discutir y debatir, la falta de acciones concretas y compromisos firmes de los liderazgos mundiales plantea interrogantes sobre su efectividad.

Desafíos y tensiones: Un acuerdo histórico pero incompleto

La COP28 se celebró del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en los Emiratos Árabes Unidos y estuvo marcada por intereses empresariales. A diferencia de otras cumbres, los defensores de los combustibles fósiles, incluyendo empresas petroleras y mineras, pasaron al primer plano. La Conferencia estuvo presidida por el ejecutivo de una empresa petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, evidenciando la influencia directa de la industria en las discusiones climáticas. Así, empresarios, políticos y académicos abiertamente abogaron por una extracción intensiva de recursos naturales, a costa de los impactos sociales y ambientales.

A pesar de las tensiones, los casi 200 países participantes en la COP28 lograron un acuerdo que marca un hito importante. La resolución final incluyó por primera vez una mención a los combustibles fósiles y apeló a una «transición» para abandonarlos. El Secretario General de la ONU, António Guterres, celebró esta mención histórica en el documento del Balance mundial, que evalúa el progreso obtenido para alcanzar la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5°C, y subrayó que la era de los combustibles fósiles debe terminar con justicia y equidad.

Sin embargo, no se acordaron acciones concretas ni mecanismos para imponerlas, lo que generó alivio entre las grandes corporaciones. El Instituto del Petróleo de Estados Unidos expresó su apoyo a la redacción final y celebró que más de cien países rechazaran la idea de abandonar por completo los combustibles fósiles.

Frente a esto, Guterres indicó: «a aquellos que se opusieron a una referencia clara a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el texto de la COP28, quiero decirles que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es inevitable, les guste o no. Esperemos que no llegue demasiado tarde», enfatizando el compromiso de la ONU con la urgencia del cambio.

Países insulares del Pacífico, científicos especializados, organizaciones internacionales y activistas climáticos aportan que el texto final carece de ambición al no establecer una fecha límite para el abandono del petróleo, el gas y el carbón. Es crucial destacar que los países insulares son los más perjudicados frente al cambio climático debido a los riesgos asociados al calentamiento global.

¿Qué más ocurrió en la COP 28?

  • La aprobación del Fondo para Pérdidas y Daños, destinado a ayudar a los países en desarrollo vulnerables al cambio climático.
  • Compromisos por valor de 3500 millones de dólares para reponer los recursos del Fondo Verde para el Clima.
  • Nuevos anuncios por un total de más de 150 millones de dólares para el Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático.
  • Un aumento de 9000 millones de dólares anuales por parte del Banco Mundial para financiar proyectos relacionados con el clima (2024 y 2025).
  • Casi 120 países respaldaron la Declaración de la COP28 sobre el Clima y la Salud para acelerar las acciones destinadas a proteger la salud de las personas de los crecientes impactos climáticos.
  • Más de 130 países se han adherido a la Declaración de la COP28 sobre Agricultura, Alimentación y Clima para apoyar la seguridad alimentaria al tiempo que se combate el cambio climático.
  • 66 países se han adherido al compromiso mundial de reducir las emisiones relacionadas con la refrigeración en un 68% a partir de hoy.

Metano: Un nuevo foco de atención

Un aspecto relevante que emergió en la COP28 fue la creciente preocupación por las emisiones de metano. Mientras las discusiones internacionales se han centrado en gran medida en las emisiones de dióxido de carbono, en Dubai se intensificaron los esfuerzos para abordar el impacto de este gas de efecto  invernadero clave.

El metano, proveniente de actividades agrícolas, cambios en el uso del suelo y fugas en el procesamiento de hidrocarburos, representa aproximadamente el 20% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Su potencial de calentamiento global es significativamente mayor que el del dióxido de carbono a corto plazo.

En 2021, se lanzó un acuerdo voluntario para reducir las emisiones de metano, con participación de países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Sin embargo, la presión de la industria agropecuaria y gubernamental en algunos de estos países ha obstaculizado la implementación efectiva de medidas.

La COP28 resaltó la necesidad de acciones más rigurosas sobre el metano. Aunque se logró un compromiso general para abordar estas emisiones, la ausencia de metas concretas y vinculantes dejó a muchos críticos insatisfechos.

Críticas y desafíos futuros

A pesar de los anuncios optimistas, la COP28 no logró abordar de manera efectiva la urgencia del cambio climático. La ambigüedad en el lenguaje de los textos finales y la falta de compromisos sólidos generan incertidumbre sobre la implementación real de las medidas pactadas. Las críticas enfatizan la necesidad de resolver cuestiones cruciales como la interpretación de «transitioning away», la financiación de la transición y el papel de los combustibles de transición para garantizar la seguridad energética.

En este escenario, Hora de Obrar, como parte de la Alianza ACT, destaca una serie de demandas que considera quedan pendientes para lograr un ambiente sano y sostenible:

  • Fecha límite para el abandono de combustibles fósiles: Exigimos un compromiso claro y vinculante por parte de los liderazgos mundiales para establecer una fecha límite concreta para el abandono de los combustibles fósiles, un paso crucial para abordar la urgencia climática.
  • Financiamiento real y equitativo: Demandamos un compromiso sólido de los países desarrollados para proporcionar financiamiento público, nuevo y adicional, basado en concesiones y orientado a subvenciones para apoyar a los países en desarrollo en su transición hacia energías renovables.
  • Justicia climática y derechos humanos: Instamos a que la justicia climática y los derechos humanos se sitúen en el centro de las discusiones y acciones. Respetar los derechos humanos no es suficiente; se necesita un enfoque basado en los derechos para garantizar la equidad en todas las iniciativas climáticas.

Pese a que la COP28 presentó algunos avances relevantes, los compromisos insuficientes y las deficiencias en los acuerdos demuestran la necesidad urgente de un enfoque más ambicioso y decidido para abordar la crisis climática. La Fundación Protestante Hora de Obrar reitera su compromiso con estas demandas y continuará trabajando por un ambiente sano y sostenible, no sólo porque es un derecho, sino porque desde nuestra fe sentimos que la mayordomía a la que se nos llama implica un uso responsable de los recursos naturales y su cuidado para las futuras generaciones.

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Secretario general de ACT Alianza visita Argentina y se reúne con organizaciones de su foro local

El propósito de la visita fue sumergirse en la realidad local e interactuar y comprender el trabajo de las organizaciones miembro de ACT en Argentina. Diálogos con Naciones Unidas y el compromiso estratégico por la justicia climática y de género.
Reunión Foro ACT Argentina

Durante su estadía en Argentina en el mes de diciembre de 2023, tras visitar los foros ACT de Colombia y Perú, el secretario regional de la Alianza ACT, Rudelmar Bueno de Faria, y su secretaria regional, Claudia Espinosa, fueron recibidos por las organizaciones del Foro ACT Argentina en Buenos Aires.

En el encuentro con el Foro se conversó sobre la situación del país y de la región, el quehacer de las organizaciones miembro, la justicia climática y el impacto de las migraciones en la región, la necesidad de conformar consorcios para enfrentar los nuevos desafíos, y la colaboración estratégica con el sistema de Naciones Unidas. Se habló también de la próxima Asamblea General de la Alianza a fines de octubre y la situación global, donde Rudelmar Bueno de Faria destacó que cada vez más estamos divididos en dos bloques: quienes incluyen a todos y todas, y quienes los y las excluyen y conciben un mundo para pocos. En ese contexto, la voz profética de las organizaciones basadas en la fe es sumamente necesaria, por lo cual ACT quiere profundizar su trabajo teológico.

La delegación se reunió luego con figuras centrales del sistema de Naciones Unidas. Así, dialogaron con su Coordinadora Residente en Argentina, la salvadoreña Claudia Mojica, para entender su dinámica de trabajo y coordinar esfuerzos.

Asimismo, se celebraron encuentros con María Eugenia Di Paola, directora de programas del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), y representantes del UNFPA (El Fondo de Población de las Naciones Unidas). Estos encuentros destacaron la convergencia de intereses entre la Alianza ACT y la ONU, así como la importancia de trabajar codo a codo para abordar desafíos comunes. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se acordó promover fuertemente el trabajo en género y ambiente, así como abordar la gestión de riesgos y emergencias características de la región. El Foro ACT Argentina, por ejemplo, integra la Red Humanitaria Internacional de Argentina (RHIA), creada a instancias del Sistema de Naciones Unidas. Finalmente, la preocupación por los persistentes discursos de odio se hizo eco en las conversaciones, impulsando un compromiso conjunto para abogar contra estas manifestaciones a través de iniciativas que promuevan la paz y el entendimiento mutuo.

La visita del secretario general de la Alianza ACT a Argentina ha fortalecido la colaboración, consolidando compromisos y delineando acciones futuras que contribuirán significativamente a la misión de Hora de Obrar y las organizaciones del Foro ACT en la región.

ACT Alianza es una coalición global de 135 iglesias y organizaciones afiliadas que trabajan juntas en más de 100 países por la ayuda humanitaria, el desarrollo y la promoción y defensa de causas.

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