100 años de memoria indígena: ¿qué fue la Masacre de Napalpí?

El 19 de julio de 1924 efectivos de gendarmería y policía asesinaron a entre 500 y 700 indígenas Qom y Moqoit en Chaco. El delito de lesa humanidad no tuvo condenas para los responsables políticos ni materiales. En el trasfondo la disputa por el territorio indígena. Darío Aranda escribe para Tierra Viva.
Foto: Telam

En la Fundación Protestante Hora de Obrar, nos comprometemos firmemente con la defensa de los derechos indígenas, un sector históricamente postergado y excluido en nuestra sociedad. Reconocemos la deuda que nuestra comunidad tiene con los pueblos originarios y apoyamos activamente su lucha por justicia y reconocimiento. En este marco, compartimos la siguiente nota para destacar la labor de la Junta Unida de Misiones (JUM) en el Chaco, acompañando a los pueblos qom, wichí y mocoví durante los últimos 60 años. Nuestra misión es recordar, visibilizar y apoyar el camino hacia la reparación y la justicia para las comunidades indígenas.

Por Darío Aranda*

Durante 45 minutos se escucharon los fusiles de los gendarmes y policías. Y también resonaron los gritos de cientos de indígenas Qom y Moqoit. Fue el 19 de julio de 1924, a las 9.30 de la mañana, en el Chaco. «Masacre de Napalpí», es el nombre histórico del hecho atroz. Por el asesinato de entre 500 y 700 indígenas no hubo condenados. La decisión de la matanza fue política y el motivo, tan vigente, el interés económico-empresario-gubernamental de exprimir los territorios indígenas. «La reparación tiene que ver con las tierras. Y el Estado es responsable», afirmó David García, del Pueblo Qom e integrante de la Fundación Napalpí.

Napalpí (el lugar hoy lleva el nombre de «Colonia Aborigen») está ubicada a 120 kilómetros de Resistencia. Allí funcionaba la Reducción de Napalpí, donde hombres, mujeres y niños eran obligados al trabajo esclavo. El Estado de entonces sometía a los pueblos originarios en «reducciones», donde el discurso oficial era «civilizar» al indígena. Pero Napalpí era una suerte de campo de concentración, donde reinaba la explotación, el sometimiento y la violación de derechos.

El Territorio Nacional del Chaco (aún no era provincia) ya se perfilaba como un gran productor de algodón: 50.000 hectáreas de cultivo y pretendía ir por más, de la mano de la demanda internacional. Estaba gobernado por Fernando Centeno y el presidente de Argentina era el radical Marcelo T. de Alvear.

Los libros históricos «Memorias del Gran Chaco» (de Mercedes Silva) y «Napalpí, la herida abierta» (de Vidal Mario) coinciden en describir el maltrato extremo y constante que sufrían los indígenas. Y la reconstrucción de aquel momento confirma que se habían organizado en reclamo de mejoras e, incluso, la posibilidades de irse a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy.

Ese fue el motivo de lo que sobrevendría en la mañana del 19 de julio. El Regimiento de Gendarmería de Línea (en 1938 pasaría a llamarse Gendarmería Nacional) y la policía se movilizaron hasta Napalpí. Más de cien efectivos. Y a las 9.30 se inició el fusilamiento. Duró al menos 45 minutos. Pero no quedó solo allí: los efectivos avanzaron sobre los heridos, los remataron e incluso realizaron una cacería de semanas sobre los que habían podido escapar.

El 29 de agosto —cuarenta días después de la matanza—, el ex director de la Reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga, escribió una carta que fue leída en el Congreso Nacional: “La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados”.

Marcelo Musante, sociólogo y parte de la Red de Investigadores/as en Genocidio y Política Indígena lleva más de quince estudiando lo sucedido en el Chaco. Y suele enumerar los nombres primarios de la matanza: el gobernador Fernando Centeno; el jefe de Policía Diego Ulibarrie; el comisario Roberto Sáenz Loza, el sargento Alejandro Verón y el administrador de la Reducción, Mario Arigó. También recuerda que el ministro del Interior de la Nación era Vicente Gallo.

«La Masacre de Napalpí fue una consecuencia de las características del sistema de disciplinamiento impuesto desde el Estado y los sectores privados de la región a los pueblos indígenas. La matanza continuó los días siguientes con la policía persiguiendo a la gente por el monte. Los relatos de las personas sobrevivientes son de espanto y crueldad. Asesinatos de niño/as y anciano/as, violaciones, mutilaciones y cuerpos quemados en fosas comunes. Durante mucho tiempo, la Masacre de Napalpí fue encerrada al olvido», describe.

Los diarios de la época —tan parecidos a los del presente— hablaron de «enfrentamiento». Musante recuerda que el diario La Nación, el día mismo de la masacre, publicó una nota mencionando telegramas de preocupación de la Cámara de Comercio del Chaco y de la Sociedad Rural al presidente Alvear, respecto al riesgo que podría correr la producción agrícola. El Ministerio del Interior mencionó en sus memorias que “dicha reducción (de Napalpí) sufrió grave retroceso por indígenas traídos de distintos puntos del territorio por agitadores de profesión que cometieron desmanes de todo género”. Musante aclara: «El indígena aparece como el culpable. Como el sujeto que se relaciona con ‘agitadores’ y pone en riesgos el desarrollo económico».

Una excepción fue el periódico Heraldo del Norte: “Como a las 9, y sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad”.

Memoria, verdad y justicia

Los responsables materiales e intelectuales nunca tuvieron condena. Ni estuvieron sentados en ningún banquillo de los acusados. Fue un crimen silenciado en Chaco (y mucho más en el resto del país). Gracias, sobre todo, a la propia organización de las comunidades indígenas fue que se avivó la memoria. También colaboraron —desde distintos lugares— historiadores, investigadores, docentes y periodistas.
Fue vital la conformación y el trabajo de la Fundación Napalpí, que siempre exigió justicia por la masacre.

Juan Chico, historiador qom, nacido y criado en el lugar de la matanza y parte de de la Fundación Napalpí, fue un activo militante por la memoria y la justicia. Escribió (junto a Mario Fernández) el libro «Napalpí. La voz de la sangre». Siempre recordaba que los asesinados fueron al menos 700 personas (mucho más de los 200 que mencionan los diarios de la época) y valorizaba que en el Chaco se hablara cada día más de la masacre de indígenas. Y solía trazar un paralelo con el presente: “Argentina ha avanzado mucho respecto de los derechos humanos, pero pareciera que los indígenas tenemos derechos humanos de segunda, parte de la sociedad nos sigue considerando inferiores y nuestro genocidio sigue invisibilizado”.

El Estado chaqueño pidió públicamente perdón en 2008

En 2022 se realizó, en tribunales federales, un «juicio por la verdad» por Napalpí. En palabras del mismo Tribunal, “tuvo la finalidad de conocer la verdad de los acontecimientos, calificado por la Fiscalía como delito de lesa humanidad, ejecutado por el Estado y civiles, con el fin de acallar la protesta de los pueblos indígenas por mejores condiciones de trabajo”. El debate no buscó responsabilidades penales, sino hacer una determinación judicial de los hechos y conocer la verdad de lo acontecido.

Este tipo de juicios tiene su antecedente en los procesos judiciales por los hechos de la última dictadura cívico-militar, mientras estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el caso de Napalpí las personas que debieran ser juzgadas ya estaban fallecidas, pero el proceso sirvió para establecer la responsabilidad del Estado en la violación a los derechos humanos.

«Napalpí fue parte de un plan sistemático para destruir a los pueblos indígenas«, señaló el qom David García en el marco del juicio. El Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger sentenció que existió responsabilidad del Estado argentino en el asesinato de entre 400 y 500 personas de los Pueblos Qom y Moqoit. «La masacre fue un delito de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso genocida de los pueblos indígenas», estableció la jueza Niremperger.

La sentencia reclamó al Estado Nacional medidas reparatorias para esos pueblos en materia de políticas de salud, de educación, de capacitación a las fuerzas de seguridad en diversidad cultural y de construcción de memoria sobre los hechos. Pero no se aludió a la reparación en materia de restitución de tierras a las comunidades.

La Jueza confirmó la categoría de delitos de lesa humanidad para la represión, la matanza y la persecución que constituyó la Masacre de Napalpí, “cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se pueda investigar, y de ese modo procurar su reconstrucción desde una perspectiva histórica”.

El 11 de julio, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó una jornada titulada “Napalpí. A 100 años de la Masacre”, donde no sólo se conmemoró lo sucedido en 1924 sino que también se analizaron las implicancias en el presente. Tuvieron la palabra integrantes de los pueblos Qom y Moqoit, de la Fundación Napalpí, historiadores, abogados y antropólogos, entre otros.

Estuvo presente García, de la Fundación Napalpí: «Nuestros hermanos siguen con muchas necesidades, sin trabajo, dependiendo muchas veces de la entrega de comida. Necesitamos el territorio suficiente y políticas de apoyo para vivir dignamente».
Este 19 de julio, a cien años de la matanza, habrá actos en Resistencia y en Colonia Aborigen (como fue renombrado el lugar por el Estado), donde sucedieron los crímenes.

Un modelo económico-político y un proceso genocida que no termina

La (mal) llamada «Conquista del Desierto» es la más conocida de las campañas militares contra los pueblos originarios. Pero no fue la única. También hubo una campaña al oeste (Cuyo) y otra al norte, también llamada del «Desierto verde». Cada una tuvo su particularidad, pero todas coincidieron en atentar contra la vida indígena y apropiarse de sus territorios. ¿El objetivo? Incluir esas tierras al mercado capitalista, a la «producción», obtener dinero, aunque implique miles de vidas.

La Red de Investigadores/as en Genocidio y Política Indígena acuñó una definición que señala que los pueblos indígenas sufren un proceso con prácticas genocidas que aún no terminó, donde los campos de concentración (desde Valcheta a Martín García), las matanzas (desde Napalpí a Zapallar o Rincón Bomba) tienen un punto una continuidad histórica en las muertes por desnutrición y enfermedades evitables en comunidades de Salta, o en la represión que padece el Pueblo Mapuche, en los asesinatos del diaguita Javier Chocobar o Rafael Nahuel.
En el mismo Chaco, un siglo después, el avance de la frontera agropecuaria avanza sobre bosque nativos y, al mismo tiempo, viola derechos de indígenas y campesinos. Siempre con la complicidad del poder político y Judicial.

Ni el genocidio indígena ni Napalpí tuvieron reparación. El motivo es simple: todo intento de hacer justicia para los pueblos indígenas debe incluir —por la propia demanda originaria— el territorio. Y, sin distinguir color político, los gobiernos prefieren esas tierras para el extractivismo (petrolero, minero, forestal, agropecuario).

Aún así, como desde hace generaciones, los pueblos indígenas seguirán exigiendo lo que los hace ser quienes son: el territorio. Para cuidarlo, sembrarlo, para convivir.

*Artículo publicado originalmente en Agencia Tierra Viva:
Cien años de la Masacre de Napalpí: un delito de lesa humanidad y la memoria indígena que clama territorio – Agencia de Noticias Tierra Viva

Organizaciones basadas en fe se unen para abordar desafíos globales

En un esfuerzo por fortalecer la democracia y los derechos humanos en América Latina y el Caribe, representantes de los Foros Nacionales de la Alianza ACT de varios países de la región, junto con miembros de Europa y Norteamérica, se reunieron en Bogotá del 19 al 23 de mayo de 2024. Bajo el lema “Agendas Regresivas y su Impacto en las Democracias y los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe”, el evento fue un espacio crucial para el diálogo y la cooperación.

Desde los principios de compasión, equidad, inclusión, respeto y justicia, los participantes actualizaron la información disponible y profundizaron en el análisis del impacto de las agendas regresivas en los derechos humanos. Se discutió la influencia negativa de los fundamentalismos en las democracias, el reconocimiento y la afectación de los derechos humanos en la región, y se definieron lineamientos generales para trabajar estos temas desde las realidades, recursos y acciones conjuntas pastorales y diaconales.

El evento también permitió reflexionar sobre el deterioro de las democracias en América Latina, un fenómeno que ha sido observado desde el primer encuentro relativo a esta temática, en 2019 en Guatemala. En Bogotá, se reafirmó la necesidad de enfrentar la reducción de espacios de diálogo, el aumento de discursos de odio, racismo, xenofobia, persecución, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, especialmente hacia las juventudes y la comunidad LGTBIQ+. Además, se destacó la pérdida de calidad de vida, el aumento del estrés social, los retrocesos en las democracias y las acciones indiscriminadas contra los recursos naturales.

En este contexto, los participantes hicieron un llamado a las iglesias, organizaciones basadas en la fe, movimientos ecuménicos y sociales a actuar de manera firme y decidida para erradicar prácticas que amenacen los derechos humanos, las democracias, la creación y la justicia social. También se instó a la comunidad internacional, incluidos el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones interreligiosas, a promover agendas inclusivas que defiendan los derechos humanos y fortalezcan las democracias.

Por último, la Alianza ACT se declaró comprometida con la construcción de modelos de paz y manifestó su apoyo a los procesos de paz en Colombia, haciendo un llamado a mantener las Mesas de Diálogo de Paz y a continuar la búsqueda de una paz con justicia social.

Más de 1.7 millones de niños y niñas no acceden a una alimentación suficiente

Para cambiar esta realidad, Hora de Obrar lanza una campaña para comprar alimentos para los 12 centros de día de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y la Iglesia Reformada, que brindan asistencia a más de 1000 personas. Podés donar 2 kg. de alimentos equivalentes a $5.000; 5 kg. equivalente a $12.500 ó 10 kg. equivalentes a $25.000, u otro monto que consideres conveniente a través de este link.

Según datos del INDEC, más de la mitad (58,4%) de las personas de 0 a 14 años viven en situación de pobreza y más de 1.7 millones no acceden a una alimentación suficiente. Frente a esta situación, los comedores y merenderos comunitarios han sido descritos por UNICEF como una red vital de contención frente a las crisis económicas recurrentes, proporcionando una comida esencial al día para muchas familias.

Frente a la interrupción en la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios, millones de niños y adolescentes han quedado sin acceso a una alimentación adecuada, violando sus derechos fundamentales y poniendo en riesgo su salud y desarrollo. La Fundación Protestante Hora de Obrar, consciente de la urgencia de esta problemática, ha lanzado esta campaña para la compra de alimentos de calidad nutricional en los centros comunitarios.

«La alimentación de las niñas y niños no puede esperar. Sabemos que muchos comen en los centros comunitarios de la iglesia su única comida del día» afirmó Nicolás Rosenthal, director ejecutivo de Hora de Obrar. «Es urgente acompañar a los comedores y centros comunitarios. Los chicos y chicas comen ahí o no comen.”

Los recursos recaudados se destinarán íntegramente a la compra de alimentos para los centros de día de la IERP y las IRAs, que actualmente enfrentan dificultades extremas para continuar con su labor de asistencia. Estas instituciones son fundamentales para muchas comunidades, proporcionando no solo alimentos, sino también un espacio seguro y de contención para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La campaña de donación de Hora de Obrar es una llamada a la solidaridad y a la acción concreta para enfrentar esta emergencia alimentaria. «Cada aporte cuenta y marca una diferencia en la vida de estos niños y sus familias», subrayó Guido Forsthuber, coordinador del área de desarrollo de recursos de Hora de Obrar. «Los invitamos a unirse a este esfuerzo colectivo y garantizar un plato de comida para los y las niñas que asisten a los centros.»

24 de marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

A 48 años de la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), la Fundación Protestante Hora de Obrar se suma nuevamente al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) en la convocatoria a la Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que tuvo lugar en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

El MEDH, con su histórico compromiso en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y su incansable labor en favor de la justicia, continúa siendo un faro de esperanza en tiempos de desafíos. En un contexto donde la democracia y los derechos fundamentales se enfrentan a numerosas amenazas, su presencia en esta jornada de memoria adquiere una gran relevancia.

Nuevamente la participación activa de las iglesias protestantes y organizaciones basadas en la fe en esta marcha es un testimonio vivo de su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su firme convicción en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

En un momento donde la memoria y la justicia son sumamente necesarias, reafirmamos nuestro compromiso, y renovamos nuestro llamado a seguir adelante en la búsqueda de una Argentina donde los valores democráticos sean inquebrantables.

Alianza ACT: dos años de asistencia humanitaria en Ucrania

En los últimos dos años, desde la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia en 2022, la Alianza ACT ha estado presente en el acompañamiento, brindando esperanza y ayuda a las personas desplazadas y a aquellas que aún residen en el país. Su enfoque holístico y coordinado ha sido un modelo para la acción humanitaria.

La Alianza ACT, una coalición global basada en la fe organizada en foros nacionales y regionales que operan en más de 120 países, está desempeñando un papel vital en la asistencia humanitaria en Ucrania. Con más de 140 miembros, trabaja en áreas como ayuda humanitaria, justicia de género y climática, migración y desplazamiento, así como paz y seguridad, para apoyar a las comunidades locales.

Recientemente, la Alianza ACT destacó la valentía, resiliencia y solidaridad demostradas por el pueblo ucraniano y los y las voluntarias presentes en medio de la crisis. A pesar de las circunstancias extremadamente peligrosas, los trabajadores humanitarios de la Alianza ACT han estado operando en Ucrania, poniendo sus vidas en riesgo para brindar apoyo vital a quienes lo necesitan de forma urgente.

Hora de Obrar, como miembro de la Alianza, celebra y acompaña el compromiso de brindar ayuda humanitaria efectiva y coordinada a las comunidades afectadas en Ucrania. Adaptando permanentemente la respuesta para satisfacer las necesidades cambiantes de las comunidades, proporcionando apoyo psicológico, espiritual y práctico. A la vez que trabajando en asociación con comunidades y organizaciones locales para asegurar que la ayuda llegue donde más se necesita.

Para más información sobre la Alianza ACT y su trabajo en Ucrania, puede visitar su sitio web oficial en https://actalliance.org/ y contactar a los representantes de comunicaciones y ayuda humanitaria:

Klara Jiricna, Oficial de Comunicaciones: klara.jiricna@actalliance.org

Dragana Levicanin, Oficial Humanitario para Europa: dragana.levicanin@actalliance.org

Apertura de sesiones: es urgente que el Congreso rechace el DNU 70/2023

En el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, organizaciones de la sociedad civil reiteramos nuestro pedido de tratamiento y rechazo del decreto “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.

En el inicio de las sesiones ordinarias, recordamos que el Congreso tiene el deber de rechazar este decreto y todos aquellos que en el futuro excedan los límites constitucionales, ejerciendo su rol dentro del sistema de frenos y contrapesos, así como de garantizar un debate parlamentario de calidad que asegure una participación ciudadana robusta. 

El Poder Ejecutivo tiene prohibido legislar. Si bien nuestra Constitución Nacional lo habilita a dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU), solo le permite hacerlo cuando existan circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. 

El Decreto 70/2023 no cumple los requisitos constitucionales para su validez. No surgen de sus fundamentos argumentos suficientes que den cuenta de las circunstancias de fuerza mayor que impiden a las cámaras del Congreso debatir cada una de las reformas comprendidas en él, y tampoco se explica adecuadamente la relación de causalidad existente entre los problemas identificados y las medidas que se disponen.

Lejos de entender la naturaleza excepcional de los DNU, el Decreto 70/2023 efectúa una reforma legislativa masiva y sistémica. Dada su magnitud y trascendencia, los cambios normativos incluidos en él sólo pueden ser discutidos por el Congreso, que es donde están representadas todas las fuerzas políticas, incluidas las minoritarias. Adicionalmente, es el debate legislativo el que proporciona oportunidades para la participación ciudadana, esencial para el fortalecimiento del sistema democrático. 

Es justamente para evitar excesos en el uso de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia que nuestra Constitución diseñó un proceso de control legislativo posterior mediante el cual se debe determinar su validez o invalidez atendiendo a la adecuación de estos a los requisitos formales y sustanciales establecidos por ella.

Resulta esencial destacar que el Decreto 70/2023 ya se encuentra vigente, proyectándose sobre aspectos sustantivos de nuestra vida en comunidad, al abordar cuestiones vinculadas a la salud, a la vivienda, a las relaciones laborales, a los contratos, a la economía y a las finanzas, entre otras. Dichas modificaciones suponen una afectación a derechos individuales y colectivos de millones de personas, muchas de las cuales ya se encuentran ante la Justicia reclamando su suspensión e inaplicabilidad para sí mismas o para los colectivos que representan.

Hoy el Poder Legislativo está en falta. Por eso, volvemos a solicitarle que defienda el Estado de derecho y honre la división de poderes. 

Organizaciones: 

  1. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 
  2. Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)
  3. ANDHES 
  4. Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
  5. Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) 
  6. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
  7. Consciente Colectivo 
  8. Comisión Argentina para Personas Migrantes y Refugiadas (CAREF) 
  9. Democracia en Red 
  10. Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) 
  11. Fundación SES 
  12. Fundación Protestante Hora de Obrar
  13. Fundación Mujeres x Mujeres 
  14. Fundación Igualdad 
  15. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 
  16. Fundeps 
  17. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) 
  18. Jóvenes por el Clima 
  19. Red argentina de abogacía comunitaria (RAAC)
  20. Xumek 

Accedé al comunicado completo:

Inversión para las mujeres: la agenda de las organizaciones de fe en la 68 CSW

La Alianza ACT y la Federación Luterana Mundial aportaron una declaración a los Estados miembro de Naciones Unidas de cara a la Conferencia del Estatus Jurídico de la Mujer. Allí se definen los estándares globales para alcanzar la igualdad de género y Hora de Obrar estará presente.

Imagen: ONU Mujeres

Qué es la CSW

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) es el principal órgano intergubernamental de la ONU para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Cada año, la CSW documenta la realidad que viven las mujeres en todo el mundo y se acuerdan estándares para lograr la igualdad de género. Durante las sesiones participan los Estados miembro de la ONU, organizaciones de la sociedad civil (entre ellas organizaciones basadas en la fe acreditadas, como ACT Alianza*y entidades de Naciones Unidas.

El tema prioritario de 2024 es “Acelerar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas abordando la pobreza y fortaleciendo las instituciones y la financiación con perspectiva de género”.

Por qué y para qué participa ACT (y la Fundación Hora de Obrar) en la CSW

ACT participa de la CSW para facilitar la participación de actores religiosos en negociaciones con una perspectiva basada en fe y derechos y conectar el ámbito local con el global. 

Así busca influir en las organizaciones responsables (estatales y religiosas) para acelerar el empoderamiento de mujeres y niñas y el financiamiento con perspectiva de género, señalando éxitos y desafíos. 

Esta agenda busca fortalecer alianzas entre actores religiosos y seculares, promover una mirada donde religión e igualdad de género son compatibles y contrarrestar los retrocesos en materia de justicia de género.

Por su parte, Hora de Obrar, como miembro de la Alianza participa de la comunidad de práctica para la justicia de género de América latina y el Caribe en estrecha colaboración con el Programa Global de Género de ACT. Es por eso que integrará la delegación sumamente diversa junto a personas de iglesias y organizaciones de fe de otros continentes.

Qué piden las organizaciones de fe a los Estados

ACT, la FLM y otras iglesias y organizaciones de fe llaman a los Estados a que “transformen los modelos económicos, refuercen los marcos políticos y amplíen la financiación para la igualdad de género”. 

También asumen la responsabilidad de “establecer y modelos justos, y cambiar las narrativas y las normas” en las comunidades religiosas, dado que “reconocemos que los discursos religiosos se han utilizado para justificar las desigualdades de género y la violencia económica, y para promover sistemas patriarcales y normas de género.”

Por último la declaración cierra con recomendaciones a los Estados, entre ellas:

  • diversificar y ampliar el financiamiento, que sea a largo plazo, flexible y liderado localmente
  • integrar explícitamente el abordaje de las desigualdades de género en el financiamiento para el desarrollo sostenible, y
  • promover políticas que aborden normas discriminatorias y estereotipos de género.

El posicionamiento original es público en este enlace (inglés)

*ACT Alianza es una red global de más de 130 iglesias y organizaciones basadas en la fe que trabajan juntas en más de 120 países para crear cambios positivos y sostenibles en la vida de las personas pobres y marginadas, independientemente de su religión, política, género, orientación sexual, raza o nacionalidad.

En defensa de la paz: La FAIE contra la violencia institucional

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas presentó una carta abierta a la ministra de seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, solicitando “urgentemente el cese” de la aplicación del «Protocolo de Seguridad».
Un hombre se protege del gas pimienta durante las manifestaciones contra la llamada «Ley Ómnibus». Foto: Télam

Tras la asunción del presidente Javier Milei el pasado 10 de diciembre de 2023 y la puesta en marcha de un plan económico de ajuste, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó un “protocolo antipiquetes” para impedir el corte de calles a través de una actuación policial y estatal contrarias al derecho a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y de protesta social reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. 

En consecuencia ya hubo uso desmedido de la fuerza con palos, balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes y también contra la prensa, y detenciones por ejercer pacíficamente el derecho a la protesta.

En este contexto la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) solicitó, “urgentemente” el cese de la aplicación del protocolo en una carta abierta dirigida a la ministra Bullrich, publicada el pasado 3 de febrero. La entidad subrayó que el Ministerio de Seguridad debe garantizar la seguridad e integridad de todas las personas, incluyendo “el derecho constitucional a la protesta, el cual no debe ser objeto de represión ni criminalización.”

La Federación denunció la presencia excesiva de fuerzas federales, los mecanismos de disuasión, y el uso inapropiado de gases y balas de goma que han dejado a personas detenidas con lesiones, y destacó que esto “promueve y establece una dinámica represiva generadora de un clima de violencia impropio para un Estado de derecho”.

La FAIE hizo un llamado urgente a los partidos políticos, autoridades y la comunidad en general para respetar los derechos vulnerados, promover la convivencia democrática y evitar la represión y resaltó la importancia de debatir en términos institucionales adecuados, sin recurrir a la violencia.

 Carta Abierta a Ministra de Seguridad.pdf

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) es presidida por el pastor Leonardo Schindler de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), iglesia fundadora de la Fundación Protestante Hora de Obrar.

La entidad reúne a las iglesias protestantes históricas: Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU), Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata (IEVRP), Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), Iglesias Reformadas en Argentinas (IRA), Iglesia Discípulos de Cristo (IDC), Ejército de Salvación, Asociación La Iglesia de Dios (ALIDD), Iglesia Cristiana Bíblica (ICB), Iglesia Evangélica Menonita de Trenque Lauquen, Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, Iglesia Evangélica Unida, Iglesia Evangélica Anabautista Menonita de Buenos Aires, Iglesia Presbiteriana de San Andres (IPSA), Centro Cristiano Nueva Vida (CCNV), Iglesia Pentecostal “Fuentes De Salvación”, Iglesia Evangélica Bautista De Constitución, Iglesia Cristiana Evangélica Mensaje De Salvación y el Centro Familiar Cristiano.

Organizaciones Sociales lanzan un enfático mensaje: La democracia se cuida dentro y fuera del Congreso

Las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.

El operativo policial desplegado frente al Congreso, mientras este sesionaba, fue violento y desmesurado, por fuera de la normativa vigente de actuación ante manifestaciones. Fue organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un despliegue desmedido de distintas fuerzas que causaron heridas por balas de goma, gases irritantes con una capacidad de daño sin precedentes y golpes de tonfas. En una regresión histórica, hubo policías con armas de fuego, algo que se había evitado en todos los gobiernos hace más de 20 años. La policía intimidó a personas mayores, dejó una treintena de periodistas con heridas de diversa gravedad, atacó a defensores y defensoras de derechos humanos y a manifestantes de distintos sectores políticos. Amedrentando la libertad de expresión y de manifestación, avanzó en las calles, en las veredas y en la plaza.

Dentro del Congreso, se transgrede el reglamento: transcurren las jornadas de debate sobre un dictamen que no se conoce, que se está escribiendo por fuera de las comisiones a medida que avanzan las sesiones. Estas irregularidades, de cara a la sociedad, deterioran la institucionalidad. Además, tal como están expresadas en el proyecto de ley, las facultades delegadas que solicita el Poder Ejecutivo podrían impactar en una parálisis legislativa y en márgenes ampliados de arbitrariedad dada la forma vaga, general e inasible en la que están expresadas.

Las condiciones democráticas del debate y la convivencia están hoy profundamente tensionadas y enrarecidas. Mientras las y los legisladores debaten en tiempo récord el destino del país y sus recursos económicos y naturales, las y los más altos funcionarios publican mensajes que festejan y alientan la violencia policial y de grupos particulares.

Convocamos a los partidos políticos, a todas las autoridades con responsabilidades públicas y a los distintos sectores de la comunidad a hacer un llamamiento urgente por el respeto de los derechos que están siendo vulnerados, por una convivencia democrática, en términos institucionales adecuados y sin represión.

Organizaciones firmantes:

Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)
ELA (Equipo argentino de justicia y género)
Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables)
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
Fundación Protestante Hora de Obrar
Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos Xumek
Fundación SES
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
CAREF – Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes
Consciente Colectivo
Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC)
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)


Mensaje pastoral de la FAIE de cara a las elecciones del 19 de noviembre en Argentina

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas se posicionó reflejando los principios fundamentales de la fe evangélica y su compromiso con la “justicia social, la defensa de los derechos humanos y el cuidado de la creación». Lleva la firma de su presidente, el pastor Leonardo Schindler.

A pocos días del balotaje que definirá la presidencia en Argentina, la FAIE publicó un pronunciamiento en el que llamó a votar “sin dejar de lado los consensos democráticos”, en el marco de la celebración por los “40 años ininterrumpidos de democracia y estado de derecho”.

La FAIE reconoció que “deudas”, como la “pobreza, corrupción e inseguridad”, deben abordarse de manera urgente y llamó a asumir “un compromiso ineludible en favor de una sociedad que garantice la justicia social, la defensa de los derechos humanos y el cuidado de la creación”.

En este sentido, el mensaje convocó a “priorizar aspectos esenciales que no pueden dejarse de lado bajo ninguna circunstancia”:

“1.- La solidaridad con quienes nacen en pesebres olvidados, padecen las injusticias y cargan sobre sus cuerpos el pecado del mundo. Es por ello que expresamos la necesidad de prácticas y políticas honestas que promuevan la justicia e inclusión social, redistribución de la riqueza, el valor de los salarios, acceso público a salud, vivienda y educación; trabajo en condiciones dignas, seguridad. En relación a este último aspecto, rechazamos cualquier proyecto que promueva la libre portación de armas. Más armas es más violencia.
2.- La sacralidad del ser humano. Somos Templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ni las personas ni parte alguna de su cuerpo pueden ser compradas o vendidas.
3.- El compromiso con la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Como ayer, también hoy decimos “Nunca Más”. La sangre de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura en nuestro país sigue clamando al cielo por Memoria, Verdad y Justicia.
4.- La Creación es un bien de Dios del cual somos mayordomos. Es urgente que se proteja la biodiversidad; los montes, el agua y el curso natural de los ríos. Aprendamos de quienes desde siempre cuidan y respetan la tierra.
5.- Que en Cristo Jesús todas las personas, sin distinción alguna, deben ser valoradas y respetadas en su dignidad. Por lo tanto son inadmisibles las expresiones y actitudes cargadas de odio y discriminación contra las mujeres y minorías.
6.- Que el diálogo es la forma de superar los disensos. En democracia hay adversarios políticos no enemigos. Cualquier intento por eliminar a quienes piensan diferente nos deshumaniza como sociedad.”

Que estos principios iluminen nuestras acciones en este tiempo de elecciones. Es el deseo de la Fundación Hora de Obrar.

Acceder al comunicado completo aquí:

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) es presidida por el pastor Leonardo Schindler de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), iglesia fundadora de la Fundación Protestante Hora de Obrar.

La entidad reúne a las iglesias protestantes históricas: Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU), Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata (IEVRP), Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), Iglesias Reformadas en Argentinas (IRA), Iglesia Discípulos de Cristo (IDC), Ejército de Salvación, Asociación La Iglesia de Dios (ALIDD), Iglesia Cristiana Bíblica (ICB), Iglesia Evangélica Menonita de Trenque Lauquen, Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, Iglesia Evangélica Unida, Iglesia Evangélica Anabautista Menonita de Buenos Aires, Iglesia Presbiteriana de San Andres (IPSA), Centro Cristiano Nueva Vida (CCNV), Iglesia Pentecostal “Fuentes De Salvación”, Iglesia Evangélica Bautista De Constitución, Iglesia Cristiana Evangélica Mensaje De Salvación y el Centro Familiar Cristiano.